Buenos Aires. EFE
Un fiscal federal denunció a la presidenta Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por la supuesta negociación de un "acuerdo de impunidad" con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (23,2 millones de dólares), informó la Fiscalía.
En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la Presidenta por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional". La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia, el exfiscal federal y exjuez Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil.
Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "librar de toda sospecha a los imputados iraníes" y "fabricar la inocencia de Irán". "Por expresas órdenes de la Presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal", acusó el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA.
Nisman detalló que en las escuchas no está registrada la mandataria argentina, pero sí Larroque y el dirigente piquetero D'Elía. El fiscal asegura que D'Elía aparece hablando directamente con Mohsen Rabbani, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní y uno de los principales acusados por el atentado (prófugo y buscado por la Interpol).
De acuerdo con Nisman, las negociaciones con Irán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a ese país para "restablecer relaciones comerciales plenas" y superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" y "hasta venderle armas".