La anunciada reforma al mercado de capitales implementada parcialmente en la semana pasada con la anunciada finalidad de incrementar la presencia de este mercado en el financiamiento de empresas argentinas, sin embargo terminó despertando más dudas que certezas.
El anuncio obedeció a la creciente necesidad de la economía argentina de buscar por un lado fuentes alternativas de financiamiento más económico y por el otro crear instrumentos de ahorro que permitan canalizar el dinero argentino hacia la producción y alejarlo del dólar paralelo. Como puede observarse, el mercado bursátil argentino viene arrastrando resultados positivos y en el año su índice Merval acumuló ganancias del 21,18 por ciento (hasta el viernes 2 de agosto), pese a la creciente volatilidad (ver gráficos).
Pero claramente, aún este sector no alcanza a desarrollar toda su potencialidad y que desde el Gobierno se busca impulsarlo.
Sin embargo parte de la normativa conocida hasta ahora, (ya que faltan reglamentar numerosos artículos) genera desconfianza y duras críticas de los empresarios.
Es que la normativa permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV) designar veedores o separar a los órganos de administración de una empresa en base a la denuncia de accionistas que posean al menos 2% de las acciones.
El Estado participa 42 empresas a través de la Anses y en 37 de ellas cuenta con más del 2% del capital.
En este contexto, el decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta semana da pocas precisiones, al menos en los puntos que más interesan al mercado, y que quedan a la espera de un a futura reglamentación elaborada por la CNV.
Entre las pocas precisiones que se conocieron aparece el polémico artículo 20 de la norma, que en el texto original establecía que accionistas minoritarios podían pedir a la CNV la intervención de una empresa en caso de considerar violados sus derechos.
El decreto especificó las condiciones de aplicación de esas intervenciones. Y fija que cuando la CNV como resultado de un dictamen sustentado en informes, investigaciones e inspecciones, iniciados de oficio o mediante denuncia de accionistas minoritarios (..) determinase que fueron vulnerados los derechos de los mismos, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad o separar a los órganos de administración de la misma.
El mínimo que se establece para poder hacer la denuncia se desprende de la Ley de Sociedades, es el mismo que existe para pedir informes a los accionistas mayoritarios. Los veedores con capacidad de veto serán designados por la propia CNV, mientras que la separación por 180 días de los órganos de administración implicaría la designación de un administrador o coadministrador por parte del mismo organismo.
Los observadores señalan que ninguna empresa va a querer salir así al mercado ya que en cualquier país del mundo hay algunos de los integrantes que pueden argumentar motivos para una intervención
Lo más grave es que pese a los alcances de esta polémica modificación, aún se desconoce gran parte de la reglamentación y queda alrededor del 70 por ciento de los artículos por especificar.
CRECIMIENTO
De esta forma, la nueva norma lejos de alentar puede llegar a complicar el desarrollo del sector bursátil que en julio registró una suba del índice Merval del 12,8% medida en pesos y del 10,4% en dólares, e interrumpió de este modo dos meses consecutivos de bajas. Se trata, además, de la mayor suba mensual, medida en pesos, de los últimos 10 años. Luego de este incremento, el índice Merval acumuló una suba del 17,6% hasta el 31 de julio y del 21,18% hasta el 2 de agosto
También el índice de Bonos IAMC, medido en pesos, registró una suba de 8% durante julio, en tanto que en la medición en dólares observó un incremento de 5,7%.
Es decir, que más allá de las intenciones, la nueva reglamentación del mercado de capitales está generando dudas y críticas que más que alentar pueden afectar el crecimiento de un mercado vital para el país.