Violada por un familiar y embarazada de un feto inviable, una niña de 13 años no tuvo más opción que finalizar su embarazo en Chile, uno de los siete países en el mundo donde el aborto no está permitido en ninguna de sus formas.
Su caso, junto al de Belén, una niña de 11 años embarazada el año pasado tras ser violada por su padrastro, logró remecer a la sociedad chilena y reabrir el debate en torno a restaurar el aborto terapéutico, que este martes volverá a ser discutido en el Congreso.
Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en casos de peligro de muerte de la madre o inviabilidad del feto. Pero antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet lo prohibió.
En 24 años de democracia, por la presión de la Iglesia católica y grupos conservadores, ninguna iniciativa legal para restaurarlo en casos terapéuticos ha prosperado.
Hoy, sin embargo, más del 70% de la población lo apoya en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la madre.
"Hay un cambio cultural muy profundo en el país y la ciudadanía lo va exigiendo (al aborto terapéutico)", dice a la AFP Claudia Dides, del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo.
El declive de la influencia de la Iglesia católica -tras casos de pedofilia que involucraron a influyentes sacerdotes-, una mayor educación y el inicio más temprano de la actividad sexual, estarían detrás de esta transformación, explica la especialista.
Sin otra posibilidad que continuar su embarazo, la niña de 13 años -cuya identidad fue protegida- dio a luz el 5 de noviembre, peor su bebé murió a las pocas horas producto de una cardiopatía.
Belén, por su parte, tuvo su bebé el año pasado y fue entregado en adopción.
Si hubieran abortado, las dos niñas se arriesgaban a hasta cinco años de cárcel. Aunque un estudio de la Defensoría Penal Pública señala que ninguna mujer ha entrado en prisión en los últimos años por este delito.
Los jueces les imponen a penas alternativas porque consideran que el aborto es una desgracia en sí misma.
El gobierno de Michelle Bachelet anunció el viernes que antes del 31 de enero enviaría al Congreso una iniciativa para despenalizar el aborto en caso de riesgo para la madre, violación e inviabilidad fetal.
Después de liderar la organización ONU-Mujer tras concluir su mandato entre 2006 y 2011, Bachelet decidió impulsar en su nuevo gobierno una ley que no consideró en su primera gestión.
Legisladores oficialistas repondrán este martes sobre la mesa la discusión de proyectos sobre aborto terapéutico que dormían en el Congreso.
"Chile debe dejar de vivir en el oscurantismo y ser parte de los pocos países del planeta que se niega a legislar sobre esta materia", dijo el senador socialista Guido Girardi, promotor de una de las iniciativas.
Pero no todos están de acuerdo. Grupos conservadores consideran que no es necesario legislar cuando está en riesgo la vida de la madre, porque los médicos actúan de hecho, mientras que en casos de violación o inviabilidad fetal defienden el acompañamiento de las futuras madres.
"Abortar no ha demostrado que es mejor para las mujeres, que eso les provoca menos sufrimiento. Se ha visto mayor estrés post traumático e intentos de suicido" en las que han abortado, dice a la AFP el médico Jorge Acosta, director del instituto Res-publica.
Oficialmente en Chile se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos de acuerdo a los egresos hospitalarios. No hay certeza, sin embargo, del número que se realiza en la clandestinidad.
La situación afecta también a mujeres como Natalia Ahumada, de 34 años y quien a las 20 semanas de embarazo se enteró que su ansiado bebé venía con una severa malformación. Su médico le dijo, no obstante, que tenía posibilidades de vida.
Pensó en abortar, pero tuvo miedo porque al estar penalizado las condiciones en que se realizan los abortos clandestinos son inseguras. "Me daba miedo morir", dice a la AFP.
Finalmente el bebé murió en su vientre 12 semanas después, cuando supo que nunca tuvo ninguna posibilidad de vida. Hoy reclama que los médicos alimentaran sus esperanzas y que debió cargar durante semanas con un tortuoso embarazo. Después tuvo que sepultar al bebé.
"No nos permiten a nosotras que somos las madres, las que damos vida, decidir si queremos o no traer a este mundo vida; si queremos o no tener hijos enfermos, si queremos estar ocho meses padeciendo o si queremos tener hijos de violaciones o incestos", alega, mientras recaba recursos para pagar las deudas que le dejó su tormentoso embarazo.
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