Sejas Rosales, cuya empresa CRETA tenía con contrato con YPFB para el transporte de combustibles a Argentina, estaba prófugo desde el 10 de julio, cuando fue requerido por la justicia argentina.
El 20 de julio la policía de ese país secuestró 135 kilogramos de cocaína, por un valor de dos millones de dólares, ocultos en un camión cisterna de la empresa Varta-Boliq, propiedad de CRETA, que se trasladaba de Bolivia a Argentina.
La Procuraduría de Narcocriminalidad de Argentina acusa a Sejas Rosales de liderar una organización de transporte de estupefacientes en sus camiones y pidió su captura internacional.En Bolivia, el diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, fue el primero en denunciar, en junio pasado, que YPFB empleaba a Varta-Boliq y Asociados para el "servicio de transporte internacional y logística de diésel e insumos y aditivos", según el contrato YPFB/DLG N° 000055, fechado el 26 de enero de 2015.
Al ser descubierta esa red, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, informó que hay 550 camiones cisterna que trasladan combustible al exterior a través de al menos cuatro puntos: Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, San José de Pocitos (Argentina), Tambo Quemado (Chile) y Desaguadero (Perú).
Achá afirmó que las empresas que transportan los hidrocarburos no tienen ninguna observación y que las que supuestamente las tuvieron ya fueron retiradas.
Tras el escándalo, renunció el gerente de Comercialización de YPFB, Mauricio Marañón Somoza.
Además, la Aduana boliviana y el Viceministerio de Desarrollo Social, encargado del control de los cultivos de coca y de los precursores de la cocaína, suscribieron un acuerdo para verificar el ingreso y la salida de camiones cisterna que transportan hidrocarburos en los cuatro cruces fronterizos.