Por Salvador Mejía*
Mientras que en México tenemos desde hace tiempo un debate sobre la efectividad de la Ley Antilavado y de la implementación de la Ley Anticorrupción, las autoridades de Guatemala y Argentina no sólo nos acaban de demostrar que es posible llevar el combate a la corrupción y al lavado de dinero del discurso al hecho, sino que han puesto la vara muy alta.
Por un lado, el Congreso de Guatemala le acaba de retirar a su presidente, Otto Pérez Molina, la inmunidad inherente al cargo por un escándalo de corrupción; por otro lado, el Banco Central de Argentina derivado del escándalo conocido como Swissleaks, le acaba de revocar la autorización al presidente y vicepresidente del HSBC Bank Argentina para seguir ocupando esos puestos. Aunque no me queda claro si existe un precedente similar en el mundo de la política (cosa que dudo) estoy convencido de que en el campo financiero esto es un hecho inédito, ya que la sanción más agresiva jamás impuesta, y que fue precisamente contra HSBC, consistió en una “millonaria” multa para la institución en 2012 por mil 900 millones de dólares cuando fue acusada de enviar siete mil millones de dólares en efectivo a una unidad del banco en Estados Unidos, y en la renuncia de David Bagley, jefe del Departamento de Control de HSBC, durante su comparecencia ante un subcomité del Senado.
Tras la oleada de escándalos financieros en EU iniciada en 2008 y, al ver que aunque los bancos recibían multas, pero que terminaban siendo rescatados y que no habían acusaciones en contra de los directivos responsables, el concepto too big to fail que podemos traducir como “demasiado grande como para caer” se afianzó en nuestro entendimiento del sistema financiero: los bancos pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, con este “despido” de los directivos de HSBC Bank Argentina (más una muy probable multa millonaria) un gobierno cuya Presidenta está involucrada en un escándalo de corrupción y de lavado de dinero acaba de redefinir las reglas del juego mostrando que los directivos bancarios no son intocables y que pueden ser llamados a responder por sus acciones.
¿Qué regulador se animará a seguir los pasos del Banco Central Argentino? ¿La CNBV de México? ¿El FinCen de EU? ¿El HM Revenue Customs de Inglaterra? ¿El Anti-Money Laundering Control Authority de la Confederación Suiza?
En México vivimos una profunda crisis que las autoridades y el empresariado no quieren aceptar, mientras que la prevención del lavado de dinero y la corrupción al interior de bancos y empresas sigue siendo considerada como una molesta área de costos, y por ello se contrata al mínimo de empleados con sueldos francamente irrisorios para hacerse cargo de esas tareas; en Wall Street los brokers y los banqueros de inversiones que daban el visto bueno a tratos millonarios han visto reducido su poder frente a los Oficiales de Cumplimiento quienes, como parte esencial de sus funciones, se ven obligados a “decir que no” a propuestas de negocios riesgosas y lo cual ha generado que estos puestos sean considerados como hot hire y los sueldos ofrecidos compitan por primera vez con los de un Chief Executive Officer, un Chief Financial Officer y un Chief Operating Officer ¿El motivo? Las multas y los acuerdos por afuera de tribunales para los bancos van en ascenso constante ya que en 2011 fueron por 26.6 millones de dólares mientras que en 2012 fueron por 3.5 billones de dólares.
Llegó el momento de aceptar que alguien, por fin, está haciendo lo correcto y le está poniendo un alto a los bancos y a los gobernantes que incumplen con la ley.
*Socio director de ASIMETRICS @ESEMEJIA