El conflicto entre Argentina y sus acreedores por el default soberano de 2001 parece estar más cerca de su fin, luego de que el gobierno de Mauricio Macri retornara ayer a la mesa de negociación, un año y medio después de que la nación terminara de manera abrupta las conversaciones con los bonistas que no aceptaron los términos de las reestructuraciones de 2005 y 2010.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, viajó a Nueva York y ayer por la tarde se reunió con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, y con los holdouts estadounidenses -también conocidos como “fondos buitre”-, liderados por Elliot Management, la firma del multimillonario Paul Singer.
Caputo asistió acompañado por el abogado Lee Buchheit, especialista en administración de deuda soberana y reconocido por el trabajo que realizó en la reestructuración de la deuda griega.
El principal propósito del encuentro era transmitir la renovada actitud de la administración transandina tras la asunción de Macri. En la víspera de la reunión, el mandatario declaró que “queremos que haya un cambio de visión, queremos dejar de ser el país catalogado como incumplidor”.
Mientras se desarrollaba la sesión en la Gran Manzana, Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que “es una primera reunión introductoria”, por lo que advirtió que no se debería esperar una propuesta concreta.
Si bien este problema se arrastra desde hace 15 años, el nuevo gobierno se hará cargo del tema. “La basura no es nuestra, pero no tenemos problema en empezar a limpiarla”, citó La Nación.
“Queremos resolver este problema y lo vamos a resolver lo más rápido y justamente posible”, afirmó.
El ministro detalló que el monto original de la deuda que no se pagó en 2001 era de US$ 2.293 millones, pero esa cifra se disparó a US$ 9.982 millones después de que en octubre el juez Griesa también determinara el pago a otro grupo de acreedores que estaba en una situación similar a la de los “fondos buitres”.
“Hay US$ 6 mil millones de deuda en desidia. El no arreglo fue extremadamente caro para la Argentina”, manifestó Prat Gay.
Las tratativas entre ambas partes fueron interrumpidas en julio de 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández se negó a cumplir con el veredicto que establecía el pago total de la deuda a los inversionistas. La decisión provocó que la nación cayera en default por segunda vez en 13 años.
Resolver el conflicto es crucial para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales.
En tanto, la cartera de Finanzas anunció que el 20 de enero venderá al menos US$ 1.000 millones en bonos denominados en dólares en el mercado local. Esta es la segunda subasta desde que asumió Macri en diciembre.