Argentina hará un último intento esta semana por frenar una decisión judicial estadounidense que sacudió su estrategia para dejar atrás la crisis de deuda del 2002 y alimentó el temor a un nuevo incumplimiento.
Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, Argentina se enfrenta a una dura elección entre depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.
Inversionistas que tenían cerca del 93 por ciento de los títulos incumplidos acordaron en 2005 y 2010 canjear esa deuda por papeles nuevos, aceptando un gran pérdida de capital.
Pero la decisión de la semana pasada del juez de distrito Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management, que siguieron por diez años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.
En otra victoria que captó titulares el mes pasado, NML logró la confiscación de una nave emblema de la armada argentina durante una visita a Ghana. Dos meses más tarde, el barco sigue retenido.
El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la combativa presidenta argentina, Cristina Fernández, quien llama a los acreedores excluidos "fondos buitres" y ha prometido no pagarles.
También ha consternado a los inversores que participaron en los dos canjes de deuda y temen que el país del G20 entre en un cese de pagos técnico sobre alrededor de 24.000 millones de dólares en bonos reestructurados.
No sólo la decisión de Fernández de vilipendiar a los tenedores, que son detestados por los argentinos comunes, dificulta la posibilidad de un pago para Argentina.
Una ley local prohíbe ofrecerles mejores términos que los que ya se dio a los demás inversionistas y hacerlo expondría al país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.
Por otro lado, un cese de pagos -aunque de naturaleza técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la economía local, profundizando el aislamiento del país de los mercados financieros globales y obstaculizando la inversión en un momento en que la economía se ralentiza.
Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, dificultando futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los sistemas globales de pago.
Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos 3.300 millones de dólares en capital e intereses.
Al igual que Argentina, esos acreedores se están preparando para apelar el fallo de Griesa, que refleja su creciente frustración con las encendidas declaraciones de Fernández y otros funcionarios para eludir el pago.
"Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto", dijo Griesa en su decisión, que golpeó los precios de los bonos argentinos.
Si la demanda de Griesa para el pago de 1.300 millones de dólares en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la rechazaron.
NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesta a negociar con Argentina y consideraría una combinación de efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente familiarizada con la posición de NML bajo condición de anonimato.
El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito usados para protegerse contra el impago de deuda.
"Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de los 1.300 millones de dólares.
"Colonialismo judicial"
Las negociaciones o el pago voluntario por parte de Buenos Aires parecen algo casi imposible, sin embargo, el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, quien al igual que Fernández dice que no se les pagará a los tenedores de deuda no reestructurada, calificó la semana pasada la decisión de Griesa como "una especie de colonialismo judicial".
"Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta Flota (de la Armada estadounidense)", dijo Lorenzino a los periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar el lunes una apelación contra la decisión de Griesa en el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.
El diario oficialista Página 12 reportó el domingo que los abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen Hamilton- pedirán restablecer la suspensión del fallo que obliga a hacer el pago a los tenedores y disputarán su decisión completa.
El argumento será que pone en riesgo futuras reestructuraciones de deuda y a instituciones financieras globales como cámaras de compensación y bancos que actúan como agentes de pago, según el medio.
Muchos especialistas piensan que es poco probable que la corte de apelaciones atienda el pedido. Griesa dijo en la decisión de la semana pasada que sólo él puede decidir el caso.
"Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los 1.300 millones de dólares", escribió el analista de Eurasia Group Daniel Kerner, la semana pasada.
"Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así que al final será una decisión política (y) no parece haber un apoyo político para el pago de los inversores excluidos", agregó.
Impacto en terceras partes
La corte de apelaciones había respaldado el mes pasado una decisión adoptada por Griesa en febrero, que dijo que Argentina había discriminado a los tenedores excluidos.
Es por eso que la mayoría de los analistas cree que es poco probable que esta nueva audiencia ofrezca un resultado diferente, aunque algunos dicen que podría aliviar el impacto sobre terceros, como Bank of New York Mellon, que transfiere los fondos de Argentina a los tenedores de bonos y a los operadores del sistema de compensación.
La decisión de Griesa significa que tales intermediarios de pagos están sujetos a embargos de los fondos destinados para los tenedores de bonos que aceptaron el canje.
"Si bien la situación en este momento es muy difícil para Argentina y los tenedores de bonos canjeados, sigue siendo posible que la Corte de Apelaciones pueda modificar la orden de Griesa en lo relativo a la aplicación a los intermediarios", escribió el banco de inversión Credit Suisse en un informe la semana pasada.
"Si la corte de apelaciones adopta una postura más moderada que la de Griesa, también podrá emitir un nuevo aplazamiento sobre la orden", agregó.
Esto daría a Argentina algo de espacio y sería probable que llame pronto a una nueva audiencia, dada la inminente fecha límite de 15 de diciembre.
Tras la Corte de Apelaciones, el último recurso de Argentina en Estados Unidos sería la Corte Suprema.
Algunos expertos legales creen que el tribunal más alto del país podría elegir intervenir en este caso debido a sus implicaciones para la reestructuración de deuda en un momento de turbulencia económica mundial.
Los abogados del Gobierno estadounidense han respaldado la posición de Argentina de "pari passu", o trato igualitario.
Estos dijeron en abril que las órdenes de Griesa "podrían permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional".
Sin embargo, no todo el mundo piensa que las consecuencias serán necesariamente tan amplias, porque la mayoría de los bonos emitidos desde el default de Argentina contienen cláusulas de acción colectiva que hacen que un acuerdo de reestructuración sea vinculante para todos los acreedores.
"El péndulo, post Argentina, se ha desplazado", dijo Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management.
El fondo con sede en Nueva York rechazó el canje de deuda inicial, pero aceptó los mismos términos cinco años después, en el 2010.
"Solíamos tener una discusión sobre lo que un país es capaz de pagar y (Argentina) rompió el molde y nos hemos visto obligados a sentarnos y escuchar lo que ellos quieren pagar. Así que en el caso actual tal vez las cosas se estén volviendo un poco a nuestro favor", agregó.
Asegurar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos antes del pago considerable el 15 de diciembre parece un objetivo lejano.
Un eventual cese de pagos técnico profundizaría el aislamiento económico de Argentina. El país aún no regresa a los mercados internacionales de crédito casi 11 años desde su crisis económica del 2001-2002, en parte debido al riesgo de acciones legales por parte de los acreedores.
Pagar todos los bonos impagos pendientes costaría a Argentina hasta unos 11.000 millones de dólares, equivalente a una cuarta parte de sus reservas de divisas extranjeras, que necesita para continuar sufragando el servicio de su deuda en ausencia de nuevos créditos.
El ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen, quien ayudó a supervisar el canje de bonos en el 2005, dijo que lo mejor sería depositar los 1.300 millones de dólares a tiempo y seguir litigando.
"Una moratoria sobre los nuevos bonos se debe evitar a toda costa", dijo Nielsen. "El cese de pagos (del 2002) fue increíblemente costoso para Argentina y esta situación podría terminar causando el nuevo impago combinado con desacato a la corte", agregó.
