En Buenos Aires, el pasado 27 de octubre, la Policía local capturó a parte de una banda de delincuentes colombianos que pretendía asaltar a un fiscal bajo la modalidad de los ‘pincharuedas’.
Al conocerse el caso, también se supo que del grupo había varios que ya tenían un récord de delitos en su país de origen.
El Clarín informó que la oficina de Migraciones Argentina “responsabilizó a Colombia y a la Justicia por no haber informado si (los detenidos) habían cometido delitos” en el país, por lo que no se explica cómo pudieron haber salido.
Ante la situación, la presidenta Cristina Fernández emitió un plan junto a su oficina de Migraciones en el que pretenden diferenciar al turista del inmigrante “irregular”, como los denomina el medio argentino, y poder deportar en caso de que cometan ilegalidades en el país.
La medida indica que en caso de que el inspector migratorio sospeche de las intenciones del viajero éste podrá realizar preguntas más a fondo como ocupación, tiempo estimado de permanencia, lugares a visitar y exigir tiquete de regreso, tarjetas de crédito, reservas de hotel, entre otros. Sin embargo, todavía no es claro cómo se aplicará este criterio.
Asegura El Clarín que la medida ya ha tomado tintes xenófobos dentro de la oposición y algunos sectores del kirchnerismo.