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Thursday, 07 March 2013 22:11
El juicio que investigará los crímenes cometidos en los años 70 y 80, en el marco del denominado Plan Cóndor, sentó en el banquillo desde martes a los 18 imputados. Dicho juicio oral busca establecer responsabilidades en la cooperación de las dictaduras del Cono Sur para la persecución y exterminio de opositores políticos.
Entre los imputados se encuentran los exdictadores argentinos como Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, así como el exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy y el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez.
“Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor”, dijo a la AFP Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas. Varsky precisó que en la causa están mencionadas un centenar de víctimas de nacionalidad uruguaya, chilena, paraguaya y argentina.
“Entendemos que será un juicio muy largo porque hay muchos testigos y mucha documentación para analizar”, dijo Varsky, al recordar que solo en Paraguay se encontraron cinco toneladas de papeles.
La “Operación Cóndor” o “Plan Cóndor” fue una estrategia implementada por las dictaduras sudamericanas a partir del golpe de Estado que derrocó en Chile al socialista Salvador Allende.
A través ese plan, los perseguidos políticos que se refugiaban en los países vecinos eran asesinados, desaparecidos o deportados.
Sobre Videla, de 87 años, que gobernó Argentina entre 1976 y 1981, pesan hasta el momento 2 sentencias de cadena perpetua y otra de 50 años, en tanto que Bignone afronta otra cadena perpetua y 2 condenas mas de 25 y 15 años, en todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos.
El exdictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, fue el impulsor de la operación, en la que también participaron el argentino Videla, el uruguayo Juan María Bordaberry y los ya fallecidos Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Banzer, de Bolivia.
Pese a su consideración de “gestor ideológico” del plan regional, Pinochet fue exonerado por la Justicia chilena en junio de 2005, por razones de salud, de la causa abierta en Chile por nueve secuestros calificados (desapariciones) y un homicidio en el marco de la Operación Cóndor.
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