La presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha anunciado que Argentina expulsará a los extranjeros que "tengan algún tipo de irregularidad" en su residencia en el país y sean "sorprendidos in fraganti" cometiendo algún delito.
"En caso de ser expulsados del país, no podrán volver a ingresar por 15 años y, si lo hacen, serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados [expulsados]", ha anticipado la jefa de Estado al presentar el proyecto de ley de nuevo código procesal penal.
Para Fernández se trata de "una protección que merecemos los argentinos y el conjunto de la sociedad" frente "a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país a delinquir".
En Argentina vive 1,8 millón de extranjeros, sobre todo provenientes de los países limítrofes y del resto de Latinoamérica, según el último censo nacional en 2010.
Representan el 4,5% de la población total. Y algunos de ellos se radican en las villas-miseria -más del 50% de residentes extranjeros- y se dedican al tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y los robos.
Por ejemplo, en agosto pasado, cinco ciudadanos chilenos fueron detenidos tras atracar un supermercado. Y un joven colombiano cayó aprehendido el martes en una 'salidera' [atraco a una persona que sale con dinero de un banco].
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, es uno de los funcionarios que viene pidiendo mano dura con los delincuentes de otros países. "Que los extranjeros que delinquen vuelvan a su lugar de origen y no entren nunca más", clamó semanas atrás.
El gobierno de Fernández ya envió al parlamento el proyecto de reforma del código procesal penal. La iniciativa pretende acelerar los juicios, pasando del trámite por escrito a la práctica oral, y endurecer el proceso para los delincuentes.
El Congreso de los Diputados y el Senado lo aprobarán finalmente, pues el 'cristinismo' unido a sus aliados tienen la mayoría en ambas cámaras y han venido aprobando todos los proyectos de ley que manda el Ejecutivo.