La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó hoy para el jueves una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores a petición de Argentina para tratar las consecuencias del fallo judicial que da prioridad de pago a los fondos que no se acogieron al canje de su deuda.
Los miembros del Consejo Permanente del organismo apoyaron unánimemente, con la única abstención verbal de Estados Unidos, la propuesta de Argentina de que este jueves se celebre una consulta sobre la obligación de pagar a los llamados "fondos buitres", como los describe Argentina, y el impacto en toda América.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, acompañará al canciller Héctor Timerman para explicar a los responsables de Exteriores del continente las consecuencias del caso argentino para la capacidad de los Estados de renegociar su deuda en casos de necesidad.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que rechazó este mes un recurso de apelación de Argentina contra el fallo de un tribunal de Nueva York, ha permitido que el juez neoyorquino Thomas Griesa ordene detener el pago a los fondos acogidos al canje, invalidando el orden de preferencia negociada por Buenos Aires.
El representante alterno de Argentina, Julio César Ayala, recordó que el 1,6 % de los bonistas, que rechazaron las condiciones de reestructuración de la deuda en 2005 y 2010, pueden ahora poner en riesgo el derecho de pago del 92,4 % de los acreedores que aceptaron el quite de deuda.
La situación actual puede llevar a Argentina a una nueva suspensión de pagos ya que, según el país suramericano, el efecto dominó puede elevar el monto de pago más allá de 1.500 millones de dólares adeudados a los fondos rebeldes, liderados por NML Capital.
Argentina teme que los tres fondos que se inclinaron por la batalla legal y no por el canje podrían llevar a otros acreedores que no negociaron a tomar la vía legal y acabar exigiendo 15.000 millones, incluidos intereses.
Ese monto sería el equivalente a la mitad de las reservas extranjeras del Banco Central y, según Ayala, esa obligación "daría por tierra a una década de esfuerzos" para salir de la crisis económica en Argentina.
La gran mayoría de representantes del Consejo Permanente de la OEA apoyó la propuesta argentina, aunque algunos recordaron que era un tanto precipitada, mientras que Estados Unidos y Canadá mostraron sus dudas sobre un párrafo en el que se hablaba de medidas a tomar tras la reunión, que se eliminó.
El representante brasileño, Breno de Souza, dijo que cualquier país puede verse en el mismo problema al que se enfrenta Argentina, por lo que era necesaria la aceptación "inmediata" de la reunión.
La representante estadounidense, Carmen Lomellin, recordó que se debe respetar la independencia judicial y presionó para eliminar una línea del borrador de resolución en el que el Consejo Permanente se comprometía a "acordar las medidas que convenga adoptar".
Canadá también coincidió en que no se debe intervenir en asuntos legales y pidió aclarar qué medidas son las que se esperan tras las reunión de cancilleres.
"Argentina se encuentra en un lugar complicado pero seguramente encontrará una vía de salida a esta situación. Lo preocupante es que el precedente judicial puede promover comportamientos predatorios que afectará a países pobres", aseguró en un comunicado Eric Lacompte, parte del grupo de expertos de la UNCTAD.
Esa organización de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas advirtió la semana pasada que la decisión de la Justicia estadounidense podría llevar a los fondos que aceptaron el canje, que les hizo perder más del 75 % del valor nominal, a pedir el valor total de los intereses, lo que elevaría los compromisos argentinos a los 120.000 millones de dólares.
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