OPOSICIÓN
El opositor Frente para la Victoria (FpV), de la ex presidenta Cristina Fernández, consideró que el decreto "viola los tratados internacionales, la Constitución y la ley de medios".
El dirigente kirchnerista Martín Sabbatella quedó ayer en la mira de la Justicia argentina tras el pedido de imputación de un fiscal por su negativa a dimitir como titular del ente regulador de medios audiovisuales pese al cese de sus funciones decretado por el presidente Mauricio Macri.
El fiscal Carlos Stornelli solicitó también el allanamiento de las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para resguardar la integridad de los bienes públicos tras la intervención por 180 días ordenada por el Ejecutivo el miércoles.
De forma paralela, el Gobierno reiteró ayer su pedido para que Sabbatella acate la decisión presidencial y ceda su lugar al funcionario designado por Macri, Agustín Garzón.
"El Presidente tomó la decisión de intervenir y Sabbatella se tiene que ir", dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Sabbatella no opina lo mismo y volvió a dejar clara su voluntad de mantenerse en el cargo hasta diciembre de 2017, cuando en teoría expira su mandato, a menos que la Justicia se lo impida.
"Esperemos la resolución del Poder Judicial", dijo el funcionario, en referencia al amparo que presentó en los tribunales para solicitar la anulación del decreto presidencial, que considera "ilegal" y "un atropello brutal a la división de poderes".
Sostuvo que la aplicación de la ley de medios audiovisuales por parte de la AFSCA fue"absolutamente pluralista y democrática", a diferencia del Gobierno, que considera que el organismo "ha utilizado la ley para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros".
Sabbatella evitó referirse a la denuncia en su contra por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" presentada por Garzón, que motivó el pedido de imputación realizado ayer por el fiscal.
A raíz del dictamen fiscal, el juez de la causa, Julián Ercolini, pidió varias medidas, entre ellas un informe sobre cómo se comunicó al titular de la AFSCA la intervención y el cese de sus funciones.