BUENOS AIRES – El gobierno argentino confía en resolver en 2015 el conflicto de la deuda con los fondos buitre (especuladores) que estalló este año, pero simultáneamente continuará planteando una reforma en el sistema crediticio internacional.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, ya reconoció que las condiciones de negociación con los acreedores que están en litigio cambiarán de manera radical en enero de 2013.
Ello se debe a que el 31 de diciembre de 2014 vence la llamada cláusula Rufo que el gobierno firmó en los contratos con los acreedores que sí aceptaron sumarse a los procesos de canje en 2005 y 2010.
La cláusula establece que ningún bonista obtendrá mejores condiciones de pago que aquellos que reestructuraron su deuda, cosa que hubiera ocurrido si Argentina se sujetaba al fallo emitido este año por un tribunal de Estados Unidos en favor de los “buitres”.
El caso argentino ha desatado una preocupación global, ya que en 2005 y 2010 logró que el 92.4 de sus bonistas aceptara reestructurar su deuda con rebajas de hasta el 75 por ciento.
Por el contrario, un minoritario porcentaje de los acreedores se negó a negociar y este año, el 1.0 por ciento de ellos obtuvo un triunfo en tribunales de Estados Unidos que le exigen a Argentina pagarles a los “buitres”, al contado y de inmediato, 1,600 millones de dólares.
De haber pagado sin protestar, Argentina hubiera recibido un alud de demandas por parte del 92.4 por ciento de sus bonistas que estarían en condiciones, gracias a la cláusula Rufo, de reclamar porque el pago a los “buitres” implica mejores condiciones que las que ellos aceptaron.
Como la cláusula vence a fin de año, el gobierno podrá negociar a partir de enero con los acreedores demandantes, pero ya sin la amenaza de ser objeto de juicios multimillonarios.
Los fondos “buitre” son mecanismos de inversión que especulan con la deuda de países comprando bonos a precios de remate que luego cobran por cifras millonarias.
En medio del conflicto, el juez estadounidense Thomas Griesa llegó al extremo de congelar los depósitos realizados por Argentina en bancos de ese país destinados a cubrir sus deudas con los bonistas que sí se sumaron a los canjes de 2005 y 2010.
La decisión de Griesa, quien permanentemente ha favorecido a los fondos “buitre”, provocó una situación inédita, ya que Argentina ingresó en un involuntario “default” (cesación de pagos) pese a que tiene la capacidad y voluntad de pagar.
Argentina logró el respaldo de la comunidad internacional el pasado 9 de septiembre, cuando la Asamblea de Naciones Unidas aprobó, con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, un nuevo marco legal para reestructurar deudas soberanas.
El país también fue apoyado por el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el magnate George Soros, a quienes vio en Nueva York, el G-77, el G-20, la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
El riesgo de las operaciones de los fondos “buitre” es tan evidente, que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la postura Argentina, pese a que desde hace años mantiene una tensa relación con el país sudamericano.