Argentina se niega a ceder en el enfrentamiento que libra con sus acreedores en un tribunal federal de Nueva York por una deuda de 1.300 millones de dólares y este lunes se alistaba a presentar un recurso de apelación con el que espera evitar otra devastadora cesación de pagos.
El juez Thomas Griesa ordenó que Argentina pague 1.300 millones de dólares a fondos de inversión que la presidenta Cristina Fernández ha calificado de "fondos buitres" antes del 15 de diciembre. Si no paga, el gobierno argentino corre el riesgo de incurrir en otro impago de la deuda soberana argentina, esta vez por un total de 20.000 millones de dólares de deuda reestructurada.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que en su apelación Argentina argumentará que el fallo pone en peligro el sistema financiero de Estados Unidos, así como la capacidad de todo gobierno para rescatar a su pueblo de una crisis económica.
Tales argumentos ya fueron formulados por la propia Reserva Federal estadounidense y el grupo Clearing House, que representa a los bancos comerciales y a otros intereses que son los acreedores de 20.000 millones de dólares en deuda reestructurada argentina, pero Griesa ya los desestimó.