Agencias
La directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, afirma que la suspensión supone "un nuevo revés" para las víctimas de la dictadura de Franco, tres de las cuales iban a declarar ayer en el consulado de Argentina mediante videoconferencia por la causa abierta por Servini.
La jueza Servini decidió suspender las declaraciones después de que el Gobierno español reclamara a las autoridades argentinas la aplicación del tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina.
Según Suárez-Llanos la interpretación del Gobierno español de dicho tratado "supone una obstrucción a la acción de la Justicia argentina".
Este tratado establece que las investigaciones judiciales entre jueces de ambos países deben hacerse a través del mecanismo de la comisión rogatoria (auxilio judicial internacional).
Suárez Llanos explicó que "la petición del Gobierno no se justifica, puesto que las declaraciones se iban a realizar en suelo argentino (en referencia al consulado argentino en Madrid donde se iba a realizar la videoconferencia) y, por tanto, no afectan a la disposición sobre asistencia judicial que contempla el tratado".
La directora adjunta de AI pidió al Gobierno español que investigue los crímenes, que colabore con la Justicia y que no obstaculice la investigación argentina. "De esta forma, las víctimas podrán acceder finalmente a su derecho a la verdad, justicia y reparación tal y como señala las normativa internacional de derechos humanos", dijo.
La jueza María Servini instruye en Buenos Aires la causa abierta a raíz de la querella que se presentó por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista, que abarcan el periodo entre julio de 1936, fecha de la sublevación militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.
La causa fue abierta en Argentina en virtud del principio de justicia universal y a ella se unieron muchas víctimas del franquismo después de que el juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso, fuera inhabilitado el año pasado por ordenar escuchas policiales en otro proceso..